Fin de  la inmovilización

Juan Alberto Remedi                                                  diciembre 2019

Cuando muchos aplauden la lograda “paz de los cementerios”  pactada   por el  gobierno,     burocracias sindicales, diferentes movimientos  sociales,  cúpula de la iglesia católica y los oportunistas de siempre cambiando de camiseta  al son de los gobiernos de turno, diferentes sectores de la Provincia de Mendoza, rompen ese caduco esquema de dominación movilizándose  de a miles  en defensa de la vida. Una verdadera marea humana diversa,  marcho por  rutas y calles en defensa de la ley 7722,  que prohíbe el uso de sustancias toxicas (cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras) en las explotaciones mineras,  si bien no anula dicha  actividad,   actúa  como un verdadero freno a los proyectos de la mega minería de oro, plata y cobre.

La ley  fue promulgada luego de las grandes movilizaciones del año 2007, manteniéndose  a pesar de los diferentes intentos de dejarla sin efectos, uno de ellos, se produjo recientemente  entre gallos y medias  noches a través de la convocatoria de sesiones especiales de las cámaras parlamentarias de la provincia,  con un proyecto ingresado   un día antes de la asunción de nuevo gobernador de la Unión cívica Radical (UCR) Rodolfo Suarez, poniendo al  desnudo los verdaderos planes de la mal llamada “clase política”   por ser una estructurada  banda de mafiosos y saqueadores  actuando  al servicio de las trasnacionales.

Sin dudas hubo un mal cálculo del gobierno provincial y sus socios del partido justicialista y otras parcialidades partidarias y no partidarias,   actuando con el visto bueno del gobierno nacional  a través de las declaraciones del presidente  Alberto Fernández diciendo: en Mendoza hemos logrado una ley  para involucrar a la provincia   en la explotación minera, 48 horas  después esa geografía  fue testigo de la más grande movilización conocida en su historia contra la mega minería contaminante. No solo  Intentaron llevarse puesta  la derogación de una ley,  sino las experiencias acumuladas por las mayorías sociales en defensa de sus derechos por encima de sus pertenencias políticas, de género, sociales, culturales, ideológicos y sindicales, poniendo  fin a  la tan ansiada y esperada luna de miel de los nuevos gobiernos,  la movida  de quienes defienden un agua sin contaminación, es decir  la vida,  fue la encargada  de anunciarlo, demostrando la verdadera solidaridad de los  agredidos   por los poderes económicos y políticos corrompidos e inhumanos.

El gobierno provincial a consecuencia de la movilización ha suspendido las reformas pactadas  a espalda del pueblo, dejando a los representantes del partido justicialista  apoyando la reforma,  con el ya famoso “acompañamos” desnudos e  impotentes,  no quedándole otro camino que enviar  un proyecto  para la derogación de la nueva ley  9209    aprobada el día martes, pero sin exigir el veto del gobernador a tan escandalosa  entrega  de los recursos naturales y  bienes sociales en medio de la contaminación ambiental.

Magnífico ejemplo de movilización, coordinación  y unicidad,   en un momento donde la nueva administración nacional ha decidido  renegociar la deuda con el Fondo monetario internacional y los acreedores privados, desechando la posibilidad de una auditoria de las misma - si se pagan  las deudas, alguien sufrirá las consecuencias, todo hace ver  que  serán los sectores populares, mientras una minoría mafiosa,  elitista,  dentro y fuera de los gobiernos,  siguen acumulando riquezas profundizando la ya insoportable desigualdad.

Entonces es vedad, no somos Venezuela, tampoco Grecia o Portugal.  No estamos condenados a ser Grecia, sufriendo   las consecuencias  de haberse arrodillado  ante el fondo monetario internacional (FMI) hay otras alternativas, sin embargo utilizan dicho recurso para meter miedo en la población “ojo jubilados si patalean les espera lo de Grecia”   en  medio  de los malabares para  tratar de explicar lo inexplicable en nombre de la solidaridad: que a la deuda la pagaran los sectores populares. Lo dicho no significa desconocer la importancia de la solidaridad de los jubilados con los jubilados (no es la solidaridad del conjunto de la sociedad, ni de quienes más tienen,  es únicamente de los jubilados)  reflejada en las  dos cuotas de $ 5000 orientadas a las asignaciones  más bajas, pero ello es solo una parte de la realidad  más compleja y multifacética.

En particular considero que el llamado a  auditar   una fraudulenta deuda externa, no pondría al país en peores condiciones a las ya existentes,  hacerlo lo  ubicaría  en mejores condiciones para enfrentar un  futuro   signado  por la defensa de los derechos de los desposeídos y demás sectores sociales afectados por las políticas impuestas por el amo del norte y sus socios autóctonos.

- el camino a seguir es la movilización popular contra los intereses de una minoría corrupta,  mafiosa, parasitaria, y, en   defensa de los propios derechos.

                         

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